‘Lawfare’ y violencia política de género: el caso Oltra

El lawfare se caracteriza por prácticas de persecución política por la vía judicial, alterando o vulnerando el debido proceso y apelando a la desmoralización y criminalización frente a la opinión pública. Se interponen denuncias y demandas judiciales carentes de pruebas sólidas, para difundir en medios de comunicación y redes culpando directamente a la persona de actos delictivos. Se vulnera así el principio de inocencia: se supone que todos somos inocentes hasta que se demuestre, por un debido proceso judicial, que somos culpables. 

También sucede una dinámica a la inversa: en programas de prensa rosa, telediarios o en redes sociales se insinúa que tal político/a cometió determinado delito, sin existir pruebas contundentes y sin denuncia previa formal en tribunales. Con eso basta para desgastar la imagen y trayectoria política de la persona implicada, presionando a nivel de opinión pública para culpabilizarla y lograr que alguien presente la denuncia formal en tribunales. El pulso de la persecución lo marca la prensa: notas, entrevistas, horas de televisión y especulaciones sobre la “evidente” culpabilidad del/la político/a de turno. Puede suceder que, años después, la justicia declare que era inocente, pero el daño ya está hecho: se erosionó la credibilidad y la confianza en esa persona, que en política significa todo. Y por eso se alcanzó el objetivo: quitarla de la política (sea por la vía aparentemente legal de un juicio manipulado, logrando su inhabilitación política, o simplemente por haberle restado apoyo popular).

El lawfare opera como una estrategia para eliminar del ámbito político formal a líderes, grupos y sectores que son considerados como “enemigos a derrotar” y no como opositores políticos. Esta es la visión que suelen tener las derechas: el otro debe ser aniquilado. Y cuando se trata de “la otra” progresista, la saña y la violencia son mayores aún, porque se las concibe como intrusas en la política, como usurpadoras de un espacio que “no les pertenece” y que “no se merecen”, en particular si se trata de espacios de alta jerarquía en la toma de decisiones. Se comprende como un “error” que debe ser subsanado, o una “excepción”. El lawfare opera entonces como “caza de brujas” contra las mujeres progresistas.

Caza de Brujas: el lawfare y la violencia política de género

Esto sucedió con el impeachment (destitución parlamentaria/golpe parlamentario) contra Dilma Rousseff en Brasil, el 12 de mayo de 2016. Años después la justicia determinó que era inocente del acto de corrupción (Pedaladas Fiscales) que condujo a que el Congreso la derrocara. El impeachment fue el resultado de años de acoso y criminalización permanente en la prensa y redes, con especial contenido de violencia de género. Uno de los memes virales en el momento de la destitución fue “cuántas mujeres necesitamos para acabar con Brasil”. Las portadas de revistas como The Economist titulaban: “Time to go” (‘hora de irse’), con una foto de Dilma con cara de preocupada y derrotada. En los cientos de memes de ridiculización y desprecio, se lee: “Diez frases de Dilma que nadie logra entender”; “Las estupideces de Dilma”. En otro hay una foto de Dilma cocinando, con una sartén en la mano, junto al horno/cocina, con la siguiente inscripción: “Dilma manipulando a las masas”.

Cristina Fernández de Kirchner (CFK), en Argentina, fue acusada de autora intelectual del asesinato de un fiscal que apareció muerto en su apartamento. Las pruebas periciales indicaron que había sido claramente un suicidio. No importó y los titulares de los principales periódicos apuntaron contra la entonces presidenta argentina. Claro que el acoso no se redujo a esa gravísima acusación sin sustento, sino que fue atacada sistemáticamente por una prensa machista y misógina. Portadas de la Revista Noticias: “El goce de Cristina: se muestra cada día más desenfadada, sensual y hasta procaz. La sumisión del otro ya es un requisito indiscutible de su liderazgo”; “Cristina compró hasta un millón de dólares en joyas, por año”; “Síndrome Cristina: estrés y trastornos anímicos del poder”. La prensa se ha ocupado de desmoralizar y criticar a su hija (que no participa en política) y, especialmente, a su hijo Máximo, de forma sistemática. CFK fue denunciada 654 veces, un hombre la denunció 73 veces, otro 72. Todas denuncias carentes de prueba. Tuvo abiertas más de 12 causas judiciales, pero no pudo probarse su culpabilidad. Cierran las causas por falta de pruebas y vuelven a abrirlas en momentos políticos clave, por ejemplo, previo a una contienda electoral, para impedir su participación. Esta violencia encontró su punto más álgido en un intento de femi-magnicidio contra la expresidenta (septiembre 2023). A pesar de la gravedad, la investigación judicial no ha mostrado avances significativos.

En Ecuador, igual: la persecución y cárcel contra Paola Pabón, prefecta de Pichincha en octubre de 2019, se basó en un tuit mediante el que aparentemente la mandataria “instigaba a la violencia”, hecho nunca probado. Por más inverosímil y descabellado que parezca, estuvo 72 días en cárcel común. Como ella misma declaró en entrevista a CTXT: “En el caso de las mujeres en política, opera una doble lupa: la que opera por ser servidoras públicas, y otra, por ser mujeres: tenemos que ser doblemente buenas en lo que hacemos, tenemos que cumplir con los parámetros y los estándares que esta sociedad patriarcal espera de nosotras”.

En todos los casos, la principal extorsión y presión contra las mujeres en política se realiza contra su persona y sus vínculos familiares, en particular sus hijos o parejas. Se apela a la importancia que damos las mujeres a estos vínculos, y a la culpa interiorizada en los procesos de socialización. El chantaje viene de la falsa dicotomía machista: o la familia o la política. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, tuvo que exiliarse en 2019, al mismo tiempo que acusaban a Paola Pabón. Apenas llegada a México, país de acogida, allanaron su casa en Ecuador y metieron preso a su padre. En entrevista comentó que sus propios hijos llegaron a pedirle que ya no se dedicara a la política. La procuradora general de la nación argentina durante el gobierno de derecha de Mauricio Macri (2016-2020) tuvo que renunciar a su cargo porque no lograban que revirtiera decisiones u opiniones percibidas como desfavorables, de modo que amenazaron a sus hijas.

El objetivo es claro, quitar de la política a las mujeres líderes que cuestionan, en su relato y en la práctica, la desigualdad y las injusticias: vete, no debes estar ocupando este espacio en alta política, eres una intrusa, vuelve a tu casa, a hacer lo que realmente se te da bien: los quehaceres domésticos y la crianza (que, desde esta perspectiva conservadora de derecha, no se considera un trabajo sino un deber).

El caso Oltra

El caso de Mónica Oltra se inscribe en esta lamentable trayectoria de violencia política de género y lawfare, repitiendo patrones arriba mencionados.

Se la acusa de encubrimiento de actos delictivos de su exmarido, con quien no convive. El ex ha sido condenado por abuso sexual de una menor tutelada. El caso es a todas luces controvertido, porque, al tratarse de un delito de abuso sexual contra una menor, dificulta aplicar la mirada de violencia política de género a favor de Oltra. No obstante, el hecho de que se trate de una expareja –y no conviviente– se ha utilizado para sembrar la duda sobre un posible encubrimiento o incluso cualquier tipo de vínculo de Oltra con el delincuente. A esto se suma un prejuicio que flota silencioso: “Ella tiene un ex, fracasó en su matrimonio”. De forma delicada y casi invisible entretejen estos relatos y argumentos, inclinando la opinión pública en contra de la exmandataria. Dato curioso: lo que en las mujeres se ve como una mancha (no logró sostener su matrimonio) es considerado una virtud en los hombres, que suelen cambiar de pareja (generalmente eligiendo compañeras más jóvenes) como parte natural de la carrera política.

Resucitar causas muertas para disciplinar 

Es llamativa también la insistencia en el caso. La causa estaba cerrada, pero el 12 de mayo (a nueve años del golpe parlamentario contra Dilma en Brasil) la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exconsellera de Igualdad, así como de otros 14 ex altos cargos y técnicos de su Consellería. El disciplinamiento debe ser total. El escarnio público debe profundizarse: hay que llegar a juicio oral, a pesar de que ni el fiscal ni el juez de instrucción estaban de acuerdo por ausencia de indicios sólidos, tratándose de una “situación relativamente inusual”. Por eso la causa se había cerrado el 2 de abril de 2024. Pero la sección cuarta lo reabrió tras el recurso de casación del abogado de la joven (víctima) y dos acusaciones particulares: una de Vox y otra de la periodista Cristina Seguí (Asociación Gobierna-te), fundadora de Vox.

No parece mera coincidencia. Por un lado, a partir del inicio del caso, Compromís quedó sin líder y debilitado para las siguientes elecciones. En efecto, la coalición formada por el PSPV, Compromís y Unides Podem perdió en los comicios de mayo de 2023, y PP y Vox se hicieron con el Govern de Valencia. En otras palabras: la demanda judicial contribuyó a un clima de confusión e incredulidad con respecto a la líder de Compromís, irradiando “hacia abajo” esta desconfianza. Por otra parte, la trayectoria de Cristina Seguí muestra precisamente cómo opera la violencia de género a manos de la derecha. Esta mujer critica directamente lo que ella define como “ideología de género”, sosteniendo que los hombres también pueden ser víctimas de violencia sexual, etc. El asunto es que, para reforzar su postura, termina victimizando a hombres que cometieron, efectiva y probadamente, agresiones sexuales. El objetivo de reflotar la causa contra Oltra, donde es identificada como “mujer que encubre” a un hombre que comete abusos, es una ficha más que iría completando un perverso tablero en el que se niegan datos cuantitativos y cualitativos de violencia de género sistemática contra las mujeres (con cifras escalofriantes de asesinatos por violencia machista en España). Recuerda al atentado contra CFK, cuando uno de los periodistas de mayor rating sentenciaba: “La culpa del atentado a Cristina es de Cristina”.

Por este caso Oltra irá a juicio oral: un peldaño más para presionar a favor de su muerte política. No será solo suya. Se trata de un disciplinamiento para todas las mujeres, además de un recorte evidente en la representatividad democrática. Pero no es tan fácil, las mujeres progresistas batallan contra el lawfare: hoy Dilma Rousseff es presidenta del Banco de los BRICS en Shanghai, Paola Pabón fue reelegida prefecta de Pichincha y CFK sigue siendo la mujer referente de la política progresista en Argentina.

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Silvina Romano es investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET) en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA)